Claudia Gallego Conrotto
«Lo que es correcto no siempre es popular y lo que es popular no siempre es correcto”. Estas son palabras de Albert Einstein, y yo, como estudiante de derecho, creo que representan a la perfección una de las principales problemáticas que nuestra sociedad contempla hoy en día.
Tras interpretar las definiciones de la Fundació Terra y de Ayuda en Acción, se podría decir que la justicia climática es una forma de justicia ambiental que busca el trato igualitario entre todas las naciones y países, así como evitar la discriminación que puede surgir como fruto de ciertas decisiones tomadas, mayoritariamente, por países con relevante poder económico.
Dichas decisiones suelen afectar, sobre todo, a los países en vías de desarrollo o subdesarrollados.
Esto se debe a que el modelo económico en el que vivimos está controlado por los países con mejores condiciones económicas, o bien, por grandes multinacionales. Este sistema se basa en la generalización de riqueza de unos pocos, mediante la cada vez mayor generación de pobreza del resto. De ahí que “lo que es correcto no siempre es popular”: las decisiones que toman los países con mayor fuerza se basan en su propio interés.
Para que unos pocos obtengan los mayores beneficios posibles se tiende a lo que se conoce como “outsourcing”. Esta técnica consiste en delegar funciones a terceras empresas o equipos especializados en ellas, con el objetivo de abaratar los costos de producción. El problema surge principalmente cuando dicha actividad se traslada a países del tercer mundo, donde se explota tanto a trabajadores como a los recursos naturales del territorio.
Por otro lado, creo oportuno destacar el hecho de que los países desarrollados son los emisores de las mayores cantidades de CO2 a la atmosfera: el pasado 2020 Estados Unidos emitió un total de 4.535,301 megatoneladas, mientras que China emitió 11.680,416 megatoneladas. Estos datos son escalofriantes teniendo en cuenta que es solo la cantidad emitida por dos países y que, dicho CO2, afecta a todas y cada una de las partes del planeta.
Las continuas emisiones de Dióxido de Carbono provocan múltiples efectos secundarios. Por ejemplo, aumentan la temperatura de la atmosfera, tal como anunció la WMO (Word Meteorological Organization) declarando que 2021 ha sido el séptimo año consecutivo en el que la temperatura mundial ha aumentado más de 1º. Pero también incrementa la contaminación, creando así 5 islas de basura en los océanos y acelerando los resultados del efecto invernadero.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, podríamos decir que los países desarrollados causan daños o efectos negativos sobre países subdesarrollados. Muchos de ellos climáticos, debido a que estos velan por sus propios intereses (normalmente económicos) y no tienen en cuenta el impacto que están desarrollando en el territorio.
Como consecuencia del último punto tratado derivan múltiples efectos, entre los cuales destaca la destrucción de hábitats naturales (tanto terrestres como marinos), el destrozo de los ecosistemas, la extinción de múltiples especies animales y vegetales. Asimismo, se produce un importante incremento de la contaminación, el calentamiento global y el cambio climático.
La justicia climática trata de abordar todo este ciclo.
La justicia climática se basa en que dichos efectos se producen principalmente en países del tercer mundo, los cuales están controlados por fuerzas mayores. Y es aquí dónde empieza la responsabilidad de los países desarrollados frente a esta gran emergencia: deberían dejar de lado su visión imperialista y egoísta, centrada en la materialización del beneficio económico.
Es evidente que toda esta situación ya ha llegado demasiado lejos, y que la cuestión actual es cómo apaciguar o ralentizar dichos efectos. Aunque las respuestas sean claras y las herramientas para llevar a cabo dicho cambio existen, los gobiernos de los países desarrollados se dejan llevar, de nuevo, por sus intereses económicos.
En este contexto, la mayor fuerza para cambiar esta situación es la de las organizaciones inter y supranacionales. Estas deberían ejercer fuerza sobre los países con tal de implantar ciertos requisitos.
Por otro lado, es evidente que la pequeña ayuda que todos podamos aportar es más que necesaria. La situación actual debe cambiar lo antes posible, de lo contrario, las catástrofes naturales serán hechos demasiado comunes como para que sea posible la continuidad del ser humano en la tierra. Estamos matando a nuestro planeta, ¿qué mayor interés puede haber que el salvarlo?