Sofía Lázaro Fernández-Tostado
¿Cómo es posible que mantengamos hacinados en asentamientos de plásticos a miles de personas, entre ellas, mujeres embarazadas, ancianos y niños, durante meses o incluso años? No me explico cómo es posible que miremos hacia otro lado esgrimiendo cuestiones políticas, fronterizas, de falta de recursos económicos, confrontaciones sociales, étnicas o religiosa; y desvirtuemos el principio de una sociedad universal justa, solidaria, equitativa y empática; por el empeño acérrimo, egoísta e insensato de mantener los derechos individuales, de cada país y sus fronteras.
Gracias a las nuevas tecnologías, estamos viviendo una nueva era de globalización y dependencia internacional, tanto económica, como política y social. Actualmente, se debe actuar en conjunto con otros países para solventar los nuevos retos que surgen cada día.
Sin embargo, el ciudadano no es consciente de esta globalización, permitiendo a sus gobiernos aplicar políticas inhumanas, sectarias y partidistas, anteponiendo sus intereses políticos a soluciones para ayudar a miles de seres humanos indefensos, que se ven obligados a migrar por condiciones climáticas, políticas o religiosas.
La inacción frente a esas políticas de los gobiernos de todos los países y la negación constante por parte de los políticos, provoca que no se tomen medidas inmediatas y urgentes para gestionar las migraciones. La pérdida de tiempo constante, sumada a la falta de una gestión eficaz por parte de los gobiernos y sus innumerables reuniones que no solucionan nada, ya está costando demasiadas vidas. Esto no se puede permitir.
¿Qué son las migraciones climáticas?
En primer lugar, debemos entender que una migración es el desplazamiento de población motivado por diversas causas. Estos movimientos fueron recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Sin embargo, cuando acudimos a su lectura sólo encontramos la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que únicamente ofrece protección a quienes huyen de un conflicto bélico o se enfrentan a persecuciones por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política, cuando sus Estados no pueden o no quieren protegerlos.
Las migraciones climáticas son, por su parte, los desplazamientos causados directa o indirectamente por la emergencia climática. Como podemos observar, este criterio no se recoge en el instrumento jurídico que acabamos de presentar, dado que no contempla la difusa línea entre los movimientos voluntarios y los forzados en el contexto del cambio climático. Así, para poder crear un protocolo humanitario claro y conciso de actuación, es necesario comprender mejor los factores complejos y multicausales de la migración forzada.
Datos sobre la gravedad del problema
Las temperaturas ya se han elevado 1°C con respecto a niveles preindustriales, provocando alteraciones en todo el planeta. Consecuencias de esta crisis ambiental son la aceleración del deshielo, el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos, cambios en los ciclos del agua, pérdida de biodiversidad, también de fertilidad de los suelos, así como la aparición de fenómenos meteorológicos extremos.
Este contexto causa efectos negativos para la salud, la alimentación y la disponibilidad de agua entre otros recursos; acentuando la migración y los conflictos. En 2020 la cifra de desplazados forzosos superó el umbral de los 82.4 millones de personas según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Por ubicarnos en un ámbito cercano, la Agencia Europea de Medio Ambiente alerta sobre posibles daños a los cultivos, disminución de la biodiversidad y un mayor riesgo de incendios forestales en el norte de España. Esto acentúa la migración interior, el éxodo rural y la despoblación de ciertas zonas del país.
La Unión Europea ha creado el Pacto Verde Europeo, que aspira a convertir Europa en el primer continente climáticamente neutral en 2050, posicionándonos como un referente mundial en la lucha contra la emergencia climática dentro y fuera de nuestras fronteras.
Atendiendo a las cifras: en el 2016 hubo 24.2 millones de desplazamientos por desastres naturales, en el 2017 fueron 18.8 millones, y el último informe del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC) señala que cerca de 1.900 desastres provocaron unos 24.9 millones desplazamientos en 140 países en 2019. Esta es la cifra más alta registrada y triplica el número de desplazados por conflictos y violencia.
Dos problemas fundamentales a resolver
En primer lugar, la falta de legislación concisa, clara y comprometida, que proteja a los desplazados forzados por causas ambientales. Pese a las preocupantes cifras anterores, debido a que el concepto de migrante climático no está contemplado en la protección jurídica, no existe ningún instrumento internacional que recoja explícitamente la situación de quienes huyen de su país por motivos climáticos
En segundo lugar, la securitización o el blindaje de la movilidad humana. Considerar la movilidad como una amenaza que hay que tratar desde la seguridad y la militarización de las fronteras de los países, alenta presiones individuales y discursos racistas y xenófobos.
Estos dos factores están creando una profunda crisis global en torno a la movilidad humana que vulnera los derechos de millones de personas y, que en muchos casos, tiene consecuencias mortales y enrarece el clima del debate político.
Las alteraciones climáticas están vinculadas con la economía y la política, por lo que no se trata de una mera cuestión ambiental. Por eso deberia tomar más prioridad para los organismos políticos, nacionales e internacionales.
A pesar de la precariedad de esta situación, más de 40 Estados han llevado a cabo procesos de revisión y recorte de sus leyes nacionales de protección de los refugiados, cerrando sus fronteras y afectando a los derechos de millones de personas. Este tipo de políticas han causado, solo en Europa, más de 20.000 muertes desde 2014, siendo algunos países europeos reprendidos por poner en riesgo las vidas y los derechos humanos de las personas migrantes.
Asimismo, podemos ver cómo a finales de 2020 se levantaron al menos 63 muros en el mundo que impiden la entrada de migrantes a estos países. Desde los años noventa se han construido en Europa cerca de 1.000 km de muros y se han implementado barreras marítimas y sistemas de vigilancia y control fronterizo.
Mientras que los políticos se centran en cuestiones futuras, como la conseguir una reducción del 55% de emisiones para el 2030, las decisiones sobre las fronteras evitan soluciones a problemas que ya vemos presentes en nuestra sociedad por culpa del cambio climático.
Como ciudadanos debemos preocuparnos por entender mejor las migraciones relacionadas con el clima, las opciones para la protección y el reasentamiento de las personas desplazadas por el cambio climático, y los mecanismos para identificar y reasentar a dichas personas. Asimismo, deberíamos centrarnos en la creación de un mejor sistema migratorio, que facilite la movilidad humana y abogue por comprender los aspectos multicausales del cambio climático, abordándolos desde la perspectiva de los derechos humanos.
Este es un artículo de reflexión que surge ante la necesidad de salvar miles de vidas y de mejorar las condiciones de muchas otras. Debemos tomar acción de forma inmediata para crear un mundo más justo y solidario, haciendo reflexionar a nuestros políticos sobre las injusticias derivadas de las migraciones climáticas para que desarrollen protocolos claros de actuación y leyes urgentes, detalladas y concisas para frenar este problema cuanto antes.
